Parlamento puede levantar eventual veto presidencial a ley forestal

El texto, que ya tiene media sanción de Diputados, cuenta con los votos de los senadores del Frente Amplio.

El Partido Nacional y el Partido Colorado, socios de Cabildo Abierto en la coalición de gobierno, no apoyan la iniciativa.

El lunes 13, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que busca actualizar la normativa para los proyectos forestales. De esa forma, también pretendía que Cabildo Abierto retirara su proyecto, lo que no sucedió.

Los votos cabildantes y frenteamplistas suman 16 en un total de 31 senadores, por lo que se obtendría la mayoría necesaria para la aprobación.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, confirmó ayer que, si el proyecto se convierte en ley, "el Poder Ejecutivo lo va a vetar”.

El Poder Legislativo puede levantar el veto, pero para que eso suceda se necesitan 3/5 de la Asamblea General, es decir 78 votos a favor.

Los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, en caso de que éste acompañe la moción, no alcanzarían.

El diputado cabildante Eduardo Lust dijo que, si el presidente veta la ley, el tema no se podrá tratar hasta el próximo periodo de gobierno



Lust dijo que el presidente Lacalle se está adelantando a algo que aún no sucedió.

A título personal, el legislador no considera que esta decisión rompa la relación con Cabildo Abierto pero sí sentará un precedente.



Por otra parte, Lust opinó que con el decreto del Ejecutivo que regula la actividad forestal queda en evidencia que el gobierno piensa en la instalación de más plantas de celulosa en un futuro.

El legislador indicó que con esa nueva normativa se aumenta la cantidad de hectáreas de suelos forestables, pasando de 4 milones a 12 millones.

Lust recordó que las empresas de fábrica de celulosa que operan en Uruguay (UPM y Montes del Plata) indicaron que con las hectáreas que existen actualmente para forestar les alcanza para abastecerse.



El proyecto de Cabildo Abierto establece que la plantación de bosques generales y de rendimiento debe quedar limitada a los suelos de prioridad forestal, y que el área total dedicada a la forestación no podrá superar el 10% de la superficie nacional.

Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento.