Además, explicó que es un beneficio que otorga el Estado desde 2015 a los funcionarios de la salud privada que se inscriban en cursos que brinda Salud Pública con el fin de mejorar el nivel asistencial.
Asimismo, aclaró que la mencionada capacitación no es obligatoria.
Agregó que la justificación del Ejecutivo para dejar de efectivizar dicha partida tiene que ver con “restricciones económicas”.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Titulares por email