En una primera instancia, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Ley de Presupuesto, que se está discutiendo en el Parlamento, sugirió eliminar la intervención judicial para el levantamiento del secreto bancario por parte de la Dirección General Impositiva (DGI).
Uno de los argumentos esgrimidos en ese momento fue apegarse a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo de cooperación internacional.
Finalmente, el Gobierno dio marcha atrás con esa iniciativa y se mantendrá la intervención de un magistrado. De todas formas, si este no responde en un plazo de diez días hábiles, la solicitud se considerará como una respuesta positiva y se permitirá el acceso a la información si el Legislativo lo aprueba .
Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
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