
Se amparó en la prescripción
Es señalado como el hombre que estuvo a cargo del Batallón Quinto de Caballería desde el año 1973.
Las denuncias fueron presentadas en el año 2012, a la luz de la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley que declaró a los delitos cometidos durante la dictadura, como de lesa humanidad, y por tanto no permitiendo que los mismos prescriban. Señalan responsabilidades por detenciones y torturas, entre otras aberraciones, de varios militares y policías que tuvieron un rol protagónico antes y durante la dictadura.
La dictadura en el interior del país fue para muchos de sus protagonistas, mucho más dura que lo que se conoce. Los militares tenían plenamente identificadas a las personas que luego fueron detenidas, sus familias, amigos y con quienes se relacionaban.
Si bien el primer departamento del interior del país que presentó una denuncia por violaciones a los DDHH, fue Treinta y Tres, hubo muchos involucrados que se trasladaron desde Montevideo a concretar las mismas, armándose la estrategia en la capital.
Tacuarembó fue el primer departamento en el que se presentaron denuncias locales por parte del abogado Cley Espinosa y su señora, la procuradora, Inés Brunel. La primera denuncia penal que fue presentada el 29 de marzo de 2012 en el juzgado Penal de Primer Turno que estaba a cargo de la jueza Virginia Ginares, hoy el juez actuante es Gonzalo Arzuaga.
Privación ilegítima de libertad, torturas, robos, usurpaciones de domicilios, abuso de autoridad contra los detenidos, entre otros, forman parte del expediente. Las torturas en Tacuarembó fueron, según recuerdan varios de los denunciantes, muy fuertes, incluso igualándolas a un nivel de un campo de concentración nazi.
Recayeron sobre militares que estuvieron al frente del Regimiento de Caballería número 5, y también de policías que actuaron como apoyo Abarca un período más amplio y toma como punto de partida la represión que se gestó en 1972 contra integrantes del MLN, llegando hasta 1978.
El Jefe del cuartel era Aurelio Abilleira y el capitán Juan Urquahart dirigía la represión. Son dos de los principales señalados en todos los testimonios ante la justicia. A ellos se suman el oficial alias “el chajá” otro oscuro personaje de la época.
Ariel Zapata, Carlos Pintos, Emilio Toribio, Elvira Gómez, Carmen Regufe, Juan Cabrera, Ramiro Alvez, Marina Ramos entre otros, forman parte de este primer grupo que suscribió esta denuncia.
Luego de los testimonios la justicia comenzó a diligenciar pruebas, citó testigos, ubicó a los denunciados, la mayoría vivos y en otros departamentos, y se hizo una inspección en el batallón quinto de caballería.
Siete de los 35 denunciantes por torturas en ese departamento ingresaron por primera vez en 40 años al cuartel conocido como Quinto de Caballería, ubicado en ruta 5, donde fueron detenidos y torturados en 1973. Esto ocurrió en junio del año pasado.
Hace algunos días, Juan Urquahart se presentó ante la justicia y se amparó ante el juez diciendo que los delitos por los que se lo acusa ya prescribieron. Está señalado en 16 expedientes, todos ellos en Tacuarembó, relacionados con temas de privación de libertad, persecución política y torturas.
La justicia está resolviendo sobre los escritos de prescripción que se presentaron por parte del militar y el juez se apresta a tomar resolución sobre el caso. El abogado Cley Espinosa dijo que su percepción sobre el avance del caso es satisfactoria.
El abogado comentó que el primer militar que concurrió a declarar no lo hizo y esperará que se resuelva la prescripción que presentó. Señaló que en su visión la prescripción de estos delitos no es de recibo y comentó la marcha de la investigación, de la que dijo, viene bien porque hay temas que demoran.
El abogado Espinosa dijo al Espectador que espera que en otros puntos del interior del país se denuncien estas situaciones también para que no queden impunes los actos cometidos.
Tacuarembó, Monte Carlo
MP
| Tópicos : |
Tacuarembó, Uruguay, justicia, DDHH, torturas
|




Titulares por email