Opinión: “Sobre el gobierno de Lacalle”

(Montevideo/Monte Carlo)

Los hechos recientemente sucedidos en ASSE —sobre los que la justicia está llevando adelante un proceso que terminará cuando se dicte sentencia sobre los implicados— generó un llamado a sala en la modalidad de Comisión General a la Ministra de Salud Pública Dra. María Susana Muñiz y a la Presidenta de ASSE, Dra. Beatriz Silva.

Convoca mi reflexión la sobria intervención del compañero Ernesto Agazzi, que puso sobre la mesa una serie de preguntas, una de las cuales a mí me parece muy sustanciosa en este momento, relacionada con las tercerizaciones, que refería a la reversión de ese proceso. Es difícil no preguntarse cómo se llega a situaciones como las enunciadas en la intervención mencionada, me refiero, por poner algún ejemplo, la tercerización de tareas tales como la limpieza en los hospitales, o la propia elaboración de alimentos, etcétera.

Es fácil suponer que no ha de ser lo mismo limpiar una oficina que un CTI; darle de comer a los funcionarios del Palacio Legislativo que a los enfermos de un Hospital. ¿Cuál fue, entonces, el origen de estas situaciones que, repito, sólo pongo a modo de ejemplo?

Recordemos el año 1990 cuando el actual senador Lacalle asumió la Presidencia de la República. En aquel momento y a falta de la mayoría parlamentaria que el Partido Nacional no había conseguido, con la intención de darle “gobernabilidad” el Partido Colorado colaboró con el gobierno en cuatro ministerios, uno de ellos casualmente fue el Ministerio de Salud Pública y a la cabeza de dicho ministerio estuvo el actual senador Alfredo Solari, gestor en aquella época, interpelante en esta. Su gestión fue corta, aunque luego volvió con el gobierno colorado al mismo ministerio.

La receta de moda en aquellos tiempos —impulsada por los dueños de la sartén— era llevar adelante políticas de reforma del Estado que involucraban privatizaciones, desmonopolización de servicios públicos, y a nivel general el fomento de tercerizaciones, y desregulación del mercado laboral.

Había que “vender las joyas de la abuela” por dos vintenes y quedarse con un presupuesto estatal chiquitito mientras que se ocultaba la realidad tristísima de que el gasto del estado no sólo no disminuía porque se pagaban millones por contratos de obra sino que, por esta vía, se fomentaron mil y una formas de permanecer enganchado o llegar por distintas ventanas a prenderse de la teta del Estado de forma absolutamente arbitraria, aunque se cerrara la puerta por 10 años al ingreso de nuevos funcionarios presupuestados.

La precarización del trabajo fue acentuándose cada vez más, gracias a esas privatizaciones en la órbita estatal y las tercerizaciones en la órbita privada.

El Ministerio de Salud Pública no fue ajeno a tanto shock modernizador e inauguraba la privatización de distintas áreas, a partir de la discriminación de las actividades de un organismo entre sustantivas y no sustantivas. Incluso desde algunos protagonistas sindicales de la época se fomentó y asesoró a los trabajadores para que se retiraran del Estado y armaran su propia empresa para venderle el servicio que hasta ese momento cumplían como funcionarios.

Aquella embestida contra las actividades desarrolladas por el Estado a través de sus distintas empresas tuvo una respuesta clara. Baste recordar el plebiscito que consiguió salvaguardar las Empresas Públicas gracias al voto ciudadano.

Igualmente donde se pudo, se logró desmantelar servicios que cumplía el Estado de acuerdo a los requerimientos de determinados objetivos sustantivos. Es el caso de la limpieza o la cocina en los hospitales, ejemplo que ya mencionamos.

La desregulación y precarización del trabajo tuvo consecuencias funestas. De hecho en este período debimos aprobar leyes que salvaguardaran a los trabajadores que pertenecen a empresas que venden sus servicios en esa modalidad.

La reflexión que me gustaría compartir con ustedes es que quizás sea hora de empezar a analizar desde el punto de vista de un Estado en el sentido en que le imprimimos al Estatuto del Funcionario Público, es decir, de un Estado eficiente para las necesidades esenciales de la población y no desde el punto de vista de cantidad de funcionarios porque como la experiencia demostró, no es el modo de resolver a favor de la ciudadanía esta cuestión.

Hay que analizar si —con las actuales leyes que votamos para mejorar el funcionamiento de las empresas tercerizadas— son necesarias y dónde. Hay que preguntarse si —para seguir usando el mismo ejemplo— ¿no habrá que poner en juego la capacidad del Estado para formar sus propios especialistas en limpieza de hospitales y desde un organismo público ofrecer el servicio necesario? Ya hay cierta experiencia hecha en ese sentido, cuando el Estado le pide a la CND que se haga cargo de la construcción y reparación de aulas para Educación Primaria. ¿Por qué no pensar en esta forma de operar?

Y por supuesto, entre las preguntas que nos hacemos y sobre las que queremos opinar más adelante está la de la participación de la sociedad civil en la dirección de los organismos estatales y su instrumentación para el cumplimiento a cabalidad de los objetivos que esta participación plantea.

Seguramente habrá que revisar cada situación en los distintos organismos y bajo esta luz con la que estamos iluminando el futuro de los uruguayos seguir dando los pasos necesarios para afianzarlo con rectitud y honestidad.

Foto: AFP