Uruguay lidera ranking sobre percepción de transparencia en gobiernos de América Latina

En segundo lugar está Ecuador, con 59%, y tercero se ubica República Dominicana, con 56 por ciento. Luego vienen Bolivia (47%), Chile (44%) y Nicaragua (43%). En el resto, menos del 40% de las personas confía en la transparencia de las instituciones públicas.

Este ranking no dice nada sobre el grado concreto de apertura y honestidad de los gobernantes, sino que se refiere únicamente a la confianza ciudadana.

En Brasil sólo el 16% de sus habitantes considera que hay transparencia en el Gobierno.

Esta mirada tan negativa no se puede disociar de la crisis política que atraviesa la presidencia de Dilma Rousseff, que quedó muy golpeada luego de que se desatara el escándalo de corrupción en Petrobras.

Los países que le siguen son Colombia, Perú y Guatemala, los tres con 24 por ciento.

Los otros que están por debajo de 30% son México (26%), El Salvador (27%) y Costa Rica (27%).

Consultado por Infobae, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay (JUTEP), José Pedro Montero, dijo que "no ha habido en nuestro país grandes escándalos, como sucede en otros países".

"Cayeron y fueron procesados dos ministros y un director del Banco de la República, pero no por corrupción, sino por abuso de funciones. Eso es lo que fomenta esa percepción", explicó.

También señaló que "la ley de acceso a la información pública del 2008 permitió que cualquier persona pueda ver el documento que solicite, a menos que haya sido declarado confidencial en el mismo momento de su redacción. Cuando se estableció atacó la cultura de secretismo presente en las oficinas públicas y en los organismos nacionales, reticentes a dar información, porque saber es poder".

Agregó que Uruguay adhirió en 2011 al Estado Abierto y "a través de la tecnología, se fue adaptando a las instituciones para que las personas pudieran enterarse de todo lo que hacen. Por ejemplo, en el sitio web de la Junta están los nombres de todos los que la integramos, y se detalla cuánto cobramos, desde el presidente hasta el personal administrativo. Eso ocurre en toda la administración pública".

Igualmente, mencionó algunos aspectos en los que se puede mejorar en materia de transparencia, como las limitaciones de la propia JUTEP.

A pesar de ser el organismo encargado de recibir las declaraciones juradas de todos los funcionarios gubernamentales, la JUTEP no tiene poder para investigarlas a fondo y en caso de hallar inconsistencias tomar medidas, lo que lo vuelve un ente de contralor sin mucha capacidad real de controlar.

Finalmente, Montero señaló que falta firmeza para castigar conductas anti éticas e ilegales en el sector privado: "Hay empresas que fueron favorecidas por funcionarios en licitaciones que hoy siguen trabajando para el Estado, y no ha pasado nada. En esas cosas el sistema debiera ser más riguroso".

Foto: Monte Carlo
Fuente: Infobae
MDS