
Las denuncias contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en el escándalo Petrobras activaron las alarmas en políticos de los principales partidos de Brasil, acusados de tramar ardides legales para blindarse ante el avance de las investigaciones.
Después que el gobierno de Michel Temer, que asumió tras la destitución de Dilma Rousseff, perdiera tres ministros por supuestamente conspirar para frenar la "Operación Lava Jato" (lavadero de autos), un nuevo y confuso episodio colocó a la Cámara de Diputados al frente de esta iniciativa.
Mientras todos los ojos estaban puestos sobre el juez anticorrupción Sergio Moro, que debía decidir si aceptaba denuncias contra Lula por su implicación en el caso -finalmente decidió abrir juicio al exmandatario-, la Cámara de Diputados intentó aprobar una enmienda legislativa para amnistiar a los políticos que hubieran recibido en el pasado donaciones electorales irregulares, infracción conocida como "Caja 2".
En el ámbito de la operación Lava Jato, esta contabilidad paralela -no declarada- puede en realidad ocultar delitos más graves, como corrupción y lavado de dinero, por provenir de empresas que participaron de la red de desvíos en la estatal.
"Hay una sensación en el aire de que una parte del Congreso quiere parar a cualquier costo la Operación Lava Jato, parar las investigaciones, porque podrían alcanzar a muchas personas", dijo a la AFP el diputado Alessandro Molón, de REDE (izquierda), uno de los legisladores que denunciaron la maniobra y frenaron la votación de dicha enmienda.
Foto: AFP




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