Venta de marihuana, cambio de vicepresidente y UPM, los temas de 2017

El pasado 19 de julio Uruguay completó la implementación de la ley aprobada en 2013 bajo el Gobierno del ex presidente Mujica que reguló la producción y distribución de marihuana estatal como una forma alternativa para luchar contra el narcotráfico.

Mediante la habilitación de la compraventa de cannabis para uso recreativo en 16 farmacias, el Ejecutivo cerró un proceso marcado por las demoras y, tras la concreción de la regulación del autocultivo y la creación de clubes de miembros, se avaló la tercera vía de acceso al cannabis.

Las primeras ventas motivaron la llegada de medios de comunicación de todo el mundo para registrar cómo los consumidores inscritos en el registro del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) accedían a los primeros envases.

El proceso afrontó serios obstáculos cuando varios bancos privados internacionales advirtieron de que el dinero obtenido legalmente por las farmacias se vinculaba a una actividad que es ilícita en sus países de origen.

Eso motivó que las entidades bancarias anunciaran el cierre de las cuentas de las farmacias asociadas a la venta o producción de cannabis, y que varias de estas decidieran abandonar la comercialización de la droga.

No obstante, en setiembre el Gobierno anunció que habilitará nuevos establecimientos, diferentes a las farmacias y que operarán en efectivo, para mantener en funcionamiento la venta de marihuana recreativa para los usuarios registrados, aunque aún se desconoce cuándo estarán disponibles.

Según datos del Ircca actualizados al 10 de diciembre, 17.536 personas están inscritas para acceder a la marihuana de uso recreativo en las 12 farmacias restantes, situadas tanto en la capital como en los departamentos de Canelones, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Salto y Tacuarembó.

El total de cultivadores del país asciende a 7.700 personas y hay 71 clubes de membresía registrados ante el Ircca.

El 2017 fue también un año de sombras para la política, ya que el Frente Amplio (FA) debió superar una intensa interna tras desvelarse que el ex vicepresidente Raúl Sendic tuvo un proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos.

Los gastos con la tarjeta corporativa de Ancap, que incluían compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica, entre otras, causaron que Sendic fuera sometido a estudio del Tribunal de Conducta Política del FA, que reprobó su actuación.

Esto derivó en la presentación de la renuncia "indeclinable" por parte del exjerarca, quien dimitió el 9 de setiembre frente al Plenario Nacional, máximo órgano de la dirección del FA y como consecuencia fue designada la senadora Lucía Topolansky.

El escándalo, calificado de "crisis política" por la oposición, fue suavizado por el presidente, Tabaré Vázquez, quien afirmó que la renuncia no afectaría al funcionamiento del Gobierno Nacional.

El golpe que significó para el FA la renuncia de Sendic fue amortiguado por el logro alcanzado por el Gobierno este 7 de noviembre, cuando Uruguay cerró la primera etapa de negociaciones hacia la instalación de una segunda planta de celulosa de la papelera finlandesa UPM en el país.

Tras una etapa de 17 meses de negociación con la empresa, el Ejecutivo culminó la primera etapa de acuerdos para la eventual instalación de una segunda fábrica, que significaría la mayor inversión privada en la historia del país con 4.000 millones de dólares.

A esta seguirá una segunda etapa que, de cerrarse, será clave en la concreción de las obras ferroviarias necesarias para su instalación.

En caso de concretarse la inversión, Uruguay incrementaría su PIB más de dos puntos porcentuales y aumentaría sus exportaciones por alrededor de mil millones de dólares anuales.

Datos: EFE
Foto: Dpto. Fotografía Parlamento