
En la misma se pretende resolver el prolongado conflicto originado por la postergación del "enganche" de las remuneraciones de este grupo de trabajadores con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia, consigna hoy El Pais.
Asimismo, falta que el 80% de quienes habían entablado acciones judiciales contra el Estado en reclamo de los pagos desistan de las mismas.
El dirigente Sandino Schiavone dijo al matutino que el resultado de la votación implica que la dirigencia gremial queda habilitada a negociar.
El costo para el Estado será de unos US$ 50 millones.
Foto: Archivo




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