
La iniciativa surgió de los acuerdos de la Torre Ejecutiva, promovidos en 2016 por el presidente Tabaré Vázquez.
Los delitos cometidos en el caso de funcionarios policiales, jueces o fiscales tendrán una pena mínima de dos años y no se aplicará el beneficio de la excarcelación, según el acuerdo de todos los partidos que consigna hoy El Pais.
Asimismo, como agravante muy especial en los casos señalados la pena pasa de 15 años a 30 de penitenciaría.
Foto: Dpto. Fotografía Parlamento




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