
Un informe solicitado a la Junta de Transparencia señaló que “no existió desviación en la conducta de los presuntos funcionarios denunciados" porque "al momento de realizar ciertos gastos no existía protocolo que regulara los mismos, no siendo posible la aplicación retroactiva de la normativa, habiendo sido reembolsado los montos al Instituto”.
Como resultado de la investigación, el fiscal determinó que "no se verifica en la especie una desviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente".
La denuncia fue presentada en febrero de este año, por el militante frenteamplista Víctor Saracho, quien había solicitado el detalle de los gastos, amparado en la ley de acceso a información pública.
Foto: EFE/Archivo




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