El Gobierno determinó suspensión de clases y cierre de oficinas públicas

"Nosotros no somos partidarios del confinamiento total o la cuarentena obligatoria. Hemos recibido estímulos suficientes para aplicarla, nos hemos negado y seguimos en eso porque ya es una cuestión mucho más de principios que de práctica", indicó el mandatario en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Lacalle Pou compareció junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas; y el responsable de la Anep, Robert Silva, para anunciar las medidas tomadas por el gabinete para contener el rebrote de la primera ola de covid-19.

El mandatario defendió la decisión de mantener "la libertad" de la población frente a cualquier tipo de confinamiento, tomada un año atrás, poco después de la declaración de emergencia sanitaria en el país.

"La situación es distinta, la cantidad de casos es mucho mayor, tenemos una cepa (P1) que es muy potente en penetración y contagios, una situación compleja en el sistema de salud presionando sobre el CTI (cuidados intensivos), pero al tiempo Uruguay ha avanzado en la vacunación", argumentó Lacalle Pou.

Cierre de oficinas públicas -excepto servicios imprescindibles- y free-shops fronterizos hasta el 12 de abril; misma fecha para la clausura de gimnasios, clubes, deporte "amateur" y suspensión de espectáculos públicos; anulación de la presencialidad en todos los niveles de enseñanza hasta el 5 de abril y regreso progresivo a partir de ahí, fueron algunas medidas anunciadas.

Además, el cierre de complejos termales en los departamentos de Salto y Paysandú, la restricción de horario en bares y restaurantes a la medianoche y aportaciones económicas como el subsidio por enfermedad a mayores de 65 años en el sector privado o un tributo a los salarios públicos durante dos meses destinado a los desfavorecidos por las restricciones a la movilidad. 

Lacalle Pou explicó, además, el refuerzo de medidas sanitarias, como la suma de 129 camas de tratamiento intensivo a las más de 200 ya existentes en el sector público, la compra de 150 respiradores y monitores.

Foto y datos: EFE