
La fuerza de izquierda entiende que el Poder Ejecutivo cometió “graves delitos contra el patrimonio público” al extender el contrato hasta el 2081.
La denuncia involucra al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el subsecretario de esa cartera, Juan José Olaizola y el presidente de la ANP, Juan Curbelo.
El senador frenteamplista Charles Carrera dijo que quedó demostrado que la denuncia tiene fundamentos para determinar que fue un “acto ilegítimo”.
Foto ilustrativa: Leo Sarro/Archivo




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