Sindicato Anestésico Quirúrgico rechaza proyecto de servicio obligatorio y advierte que configura "trabajo forzoso"

La Mesa Ejecutiva del Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) manifestó su rotundo rechazo al proyecto de ley denominado “Servicio de Atención Médica Especializada en los Prestadores Públicos de Salud”, el cual se encuentra actualmente bajo análisis en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes.

A través de un comunicado, el gremio médico advirtió que la iniciativa, en su redacción actual, compromete derechos fundamentales y herramientas constitucionales, catalogándola directamente como una imposición de "trabajo forzoso".

Desde el SAQ aclararon que comparten plenamente la preocupación por la escasez de médicos especialistas radicados en el interior del Uruguay, un problema que calificaron de "real, sentido y legítimo".

"Ningún habitante del interior debería tener menos acceso a la atención especializada que un habitante de la capital", expresa el documento, donde además se destaca que el sindicato ya se encuentra trabajando junto a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para mejorar dicha cobertura mediante el diálogo y la articulación.

Los cuatro cuestionamientos clave del SAQ

El proyecto de ley en debate establece que los médicos que culminen un posgrado de especialización deberán prestar entre 4 y 16 horas semanales en efectores públicos de cualquier punto del país durante dos años. De no cumplirlo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) quedará inhabilitado para registrar su título.

Ante esto, el sindicato fundamentó su rechazo en cuatro ejes principales:

Configuración de trabajo forzoso: El gremio sostiene que obligar a un profesional a trabajar bajo la amenaza de no poder ejercer su carrera encuadra en la definición de trabajo forzoso. Señalan que esto viola la Constitución y convenios internacionales ratificados por Uruguay, como el Convenio N.º 29 de la OIT y el Pacto de San José de Costa Rica.
Avasallamiento de libertades: Argumentan que la medida lesiona la libertad de trabajo y de residencia (Artículos 7, 36 y 37 de la Constitución), al forzar el desarraigo de jóvenes especialistas y obligarlos a trasladarse a donde determine la autoridad, asumiendo ellos mismos los costos y tiempos de viaje.
Sanción desproporcionada y "muerte civil": El SAQ califica el bloqueo del título como una sanción automática y desproporcionada que priva al profesional de su sustento sin las garantías del debido proceso. "Es una contradicción difícil de explicar: se pretende imponer un Servicio Médico Obligatorio en un país donde ni siquiera el servicio militar lo es", fustigaron.
Ineficacia de la medida: Finalmente, el sindicato afirma que la ley no resolverá el problema de fondo. Explicaron que en especialidades donde egresa un solo profesional al año (como neurocirugía), repartir unas pocas horas semanales en el territorio nacional no genera un impacto real en la atención del interior.

El sindicato enfatizó que el camino para solucionar el déficit de profesionales no debe ser la obligatoriedad, la cual "suele producir el efecto contrario al buscado". En su lugar, propusieron una serie de herramientas que consideran eficaces y respetuosas de los derechos laborales:

1. Creación de centros docente-asistenciales para la formación de residentes en sus localidades de origen.
2. Incentivos económicos por radicación efectiva en el interior.
3. Centros especializados distribuidos estratégicamente en el territorio.
4. Cargos de alta dedicación, concursos atractivos y una verdadera carrera funcional.
5. Becas de formación con compromisos de retribución voluntariamente pactados y el uso de la telemedicina.

Foto: Cedida a RMC