Para el oficialismo el contrato con Cardama nunca debió haber entrado en vigencia

El legislador fue contundente al remarcar que la condición de la garantía, habilitaba el primer pago de 8 millones de dólares, pero que éstas fueron rechazadas en primera instancia, y al final presentaron otra que se comprobó que era falsa.

Entre los temas a seguir investigando, es si hubo intención de engañar al Estado, lo que también está en la órbita de la Justicia.

Entre otros elementos, Garlo manifestó que quedó claro que un litigio internacional no compete a la denuncia con la que amenaza Cardama y que es una "chicana jurídica que no tiene ningun tipo de validez".

Las declaraciones del representante fueron en el marco de la comparecencia del Estudio de abogados Delpiazzo en la comisión investigadora por presuntas irregularidades en el caso Cardama.

Respecto a las prórrogas concedidas a la empresa española, el legislador indicó que el estudio Delpiazzo consideró razonables las primeras extensiones de plazo, aunque cambió de postura cuando los incumplimientos se prolongaron. Según relató, en agosto de 2024, cuando ya habían pasado más de 6 meses de las prórrogas iniciales y el plazo ya había vencido, el estudio elaboró un informe para el Ministerio de Defensa recomendando dejar sin efecto el contrato porque, según explicó el legislador, al no cumplirse las obligaciones, “el contrato nunca debió haber entrado en vigencia".

“Llamativamente, ese informe nunca fue remitido a Cardama, y en septiembre de ese año, 2 meses después, se termina otorgando una nueva prórroga de 72 horas, donde ahí aparece la propuesta de Eurocommerce, que después se descubrió que era una garantía falsa”, contó el diputado del MPP.

Garlo informó que, frente a esta situación, solicitaron en la comisión que el Ministerio de Defensa les envíe las copias de todos los correos electrónicos que salieron de las casillas del Director General de Secretaría y del Director de Recursos Financieros entre el 1º de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2025, no solo para ver si allí constan las comunicaciones entre el Ministerio de Defensa y el estudio Delpiazzo, sino también con Cardama y con los representantes de la empresa española en Uruguay.

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