Nueva polémica afecta al presidente Yamandú Orsi por la situación tributaria y catastral de sus propiedades en Salinas

La primera de las propiedades, adquirida por Orsi en octubre de 2024 mediante los fondos de una herencia familiar, registraba una deuda vencida del Impuesto de Primaria que ascendía a $ 5.609, informa radio Carve. El pago finalmente se llevó a cabo anoche en linea, según confirmaron.

Los registros de los Servicios en línea de la DGI consultados por el medio señalan que el padrón adeudaba la totalidad del ejercicio 2025, la primera cuota de 2026 (vencida el pasado 31 de mayo), además de las correspondientes multas y recargos.

El dato generó de inmediato repercusiones políticas debido a la alta carga simbólica del tributo, ya que el Impuesto de Primaria está destinado, justamente, a financiar la alimentación, transporte y mantenimiento edilicio de los centros escolares públicos.

Camilo Cejas, integrante de la mesa chica y del equipo de comunicación de Presidencia, confirmó la existencia del saldo deudor pero aseguró que la situación ya fue subsanada. “A partir de tu mensaje, entró y pagó”, reconoció el colaborador, al periodista González Keusseian, detallando que el mandatario abonó una suma superior a los siete mil pesos una vez que tomó conocimiento de la investigación de prensa.

Obras sin declarar ante Catastro

El segundo flanco de la investigación apunta a la vivienda familiar lindera, adquirida originalmente en 2010 y adjudicada en su totalidad a la esposa de Orsi, Laura Alonsopérez, tras un trámite de partición de bienes realizado el 27 de febrero de 2025, pocos días antes del cambio de mando presidencial. 

Mediante el cotejo de cédulas catastrales y la utilización de imágenes satelitales de Google Earth y del Sistema Nacional de Información Ganadera (actualizadas al 30 de junio de 2026), se constató la realización de obras en el patio trasero del inmueble entre los años 2018 y 2019. De acuerdo con las mediciones satelitales, se habrían edificado o intervenido unos 48 metros cuadrados correspondientes a una piscina y una barbacoa o área techada, estructuras que no figuran en los 198 m² declarados formalmente ante el Estado. La última declaración jurada vigente en Catastro para ese padrón data del año 2008.

Desde el entorno del presidente argumentaron que “todas las obras fueron declaradas y pagado todo en el BPS”, asegurando que la intervención “no modificó metraje, sino aberturas”. No obstante, confirmaron que los trámites de actualización de planos están actualmente en curso ante la Intendencia de Canelones para su eventual regularización en Catastro. Arquitectos y técnicos consultados por el informativo aclararon que los registros del Banco de Previsión Social (BPS) únicamente certifican que la obra no fue construida con trabajo informal, pero enfatizaron que las piscinas y extensiones edilicias deben declararse de forma independiente ante Catastro y el municipio, dado que modifican el cálculo impositivo de la Contribución Inmobiliaria.

Desde Presidencia se indica que la actualización ante Catastro se encuentra en trámite.

Foto: Javier Calvelo / adhoc