
Las mujeres fueron imputadas por reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abandono de personas incapaces, reiterados delitos de estafa, reiterados delitos de omisiones de asistencia, en calidad de autoras a título de dolo directo.
La defensa de ambas se opone a la tipificación de los delitos y sostiene que los gritos de los ancianos eran porque los residentes presentan problemas de salud mental.
Según la investigación, la propietaria reconoció ante las autoridades que el establecimiento funcionaba de forma irregular y que había superado la capacidad de alojamiento.
La fiscal Silvia Lovesio entiende que hay dos lugares: uno de fachada y otro clandestino, a una cuadra de distancia.
Uno de ellos ubicado en Comercio y Cabral, con el cartel del residencial y los cuidados que ofrece, lugar donde ingresaban los familiares y pensaban que allí quedaban los adultos mayores.
Por otra parte, en Comercio y Corrales estaba ubicado el residencial clandestino. Allí vivían entre 19 y 22 personas, deshidratados, desnutridos y en un contexto de vulnerabilidad.
De acuerdo con los testimonios, el residencial funcionaba de forma clandestina y la Policía permaneció más de media hora en la puerta hasta que logró ingresar.
muchos de los residentes tenían entre 86 y 98 años y presentaban dificultades para comunicarse.
Uno de los adultos mayores relató a los efectivos que permanecían encerrados y que necesitaban agua.
Las visitas eran coordinadas y cada vez que los familiares iban encontraban a los ancianos en el local de Comercio y Cabral.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS




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