
En diálogo con Radio Monte Carlo, la directora de la institución, Jimena Fernández Bonelli, aclaró que la postura adoptada no busca imponer exigencias desmedidas, sino marcar “las condiciones de mínima para poder estar hablando de un proyecto que no vulnere los derechos humanos”
La jerarca advirtió que, de no asegurarse estas garantías donde la persona sepa con claridad a dónde va y lo acepte, se podría estar incurriendo en una figura de desplazamiento forzoso.
Para evitar que el proceso vulnere tratados internacionales, la Defensoría del Pueblo detalló cinco condiciones mínimas e innegociables:
1. Entrevistas confidenciales: Cada candidato al refugio deberá pasar por una evaluación técnica individual e independiente, donde manifieste explícitamente y bajo consentimiento informado su deseo de solicitar asilo en Uruguay.
2. Exclusión de menores: El programa no podrá incluir, bajo ningún concepto, a menores de edad no acompañados.
3. Criterios de la CORE: El otorgamiento del estatus de refugiado deberá regirse estrictamente por los parámetros ya fijados por la Comisión de Refugiados (CORE).
4. Traslado no forzado: El transporte hacia el territorio nacional debe contar con todas las garantías para evitar cualquier interpretación de "traslado forzado".
5. Documentación inmediata: Los recién llegados deberán recibir de forma expedita los documentos necesarios para regularizar su situación legal y asegurar su libertad de movimiento fuera del país.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS




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