Bolivia y Perú contemplan instalar radares en frontera común para lucha antidrogas

(La Paz/AFP) Monte Carlo/EL

Una comisión mixta establecerá a finales de octubre una agenda por la que Perú instalará radares en su territorio fronterizo y Bolivia hará lo propio de su lado.

El acuerdo es que "Perú radarice en cinco o seis puntos" su frontera, por lo que "estamos casi obligados en Bolivia a radarizar puntos estratégicos, por lo menos tres o cuatro" sectores, informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

El anuncio de Cáceres se produjo luego de que informaciones procedentes de Perú indicaron que la mayor parte de la droga que sale por vía aérea desde ese país tiene a Bolivia como país de salida para el tráfico hacia Brasil y otros destinos.

Cáceres consideró "urgente la instalación de radares" en la amplia frontera común e identificó el norte de La Paz como la región por donde los traficantes llegados desde Perú transportan la droga en avionetas.

Acciones conjuntas entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico boliviana (FELCN) y la Dirección Antidrogas peruana (Dirandro) permitieron incautar este año 16 avionetas al servicio de los traficantes, añadió el funcionario.

De su lado, el ministro de Gobierno (Interior), Jorge Pérez, corroboró a la agencia oficial ABI la posible instalación de radares y el uso de drones en la lucha antidrogas.

"Nosotros estamos trabajando en ese tema y el presidente Evo Morales ya ha anunciado la necesidad de comprar radares y la implementación de drones para mejorar el sistema de control fronterizo", dijo.

Bolivia necesita también controlar su extensa frontera de 3.133 km con Brasil, por donde fluye también el narcotráfico.

En total, Bolivia posee 6.750 km de frontera con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, "que son difíciles de vigilar sólo con efectivos en tierra", según Pérez.

Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Perú y Colombia.

El presidente Evo Morales expulsó a la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en 2008, tras acusarla de boicotear su gestión. El gobierno y las Fuerzas Armadas bolivianas asumieron desde entonces con medios propios la lucha contra el narcotráfico.

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