Acuerdo con Katoen Natie llega a la Justicia mientras se prepara interpelación a Heber

Los senadores frenteamplistas Eduardo Bonomi, Mario Bergara y Charles Carrera presentaron el viernes 16 una acción de acceso a la información pública ante un juez en lo Contencioso Administrativo.

El objetivo es acceder a la resolución de Presidencia de la República que avaló el acuerdo firmado con la empresa belga Katoen Natie, que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo.

El juzgado recibirá esta tarde a los tres legisladores de la coalición de izquierda y al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en representación del Poder Ejecutivo.

Carrera dijo este miércoles que "el pueblo uruguayo tiene que saber cuál fue el mandato" que le dio el presidente Luis Lacalle Pou al exministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y a los demás negociadores.

El legislador opositor interpelará próximamente a Heber, ya que si bien el jerarca ocupa actualmente la titularidad del Ministerio del Interior fue quien estuvo a cargo del tema.

El actual ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, casi no ejerció el cargo porque fue operado de un tumor ni bien asumió a fines de mayo.

Consultado sobre si hay similitudes entre el acuerdo firmado con Katoen Natie y el rubricado por el anterior gobierno frenteamplista con la empresa finlandesa UPM para la construcción de una fábrica de celulosa en Pueblo Centenario, Carrera lo negó enfáticamente.

"No tiene nada que ver, no es comparable una situación con la otra", afirmó, y recordó que se trata de "la mayor inversión en la historia del país".

El senador sostuvo que "lo que se firmó con Katoen Natie es ilegal y es contrario a la Constitución de la República", porque "se crea un monopolio de hecho".



En marzo pasado el gobierno acordó con Katoen Natie extender hasta el año 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo a la firma Terminal Cuenca del Plata (TCP), que pertenece 80% a Katoen Natie y 20% al Estado uruguayo.

A cambio, la compañía belga se comprometió a hacer una inversión de 460 millones de dólares en el puerto, bajar algunas tarifas para exportaciones y retirar una demanda internacional que había planteado en 2020.

Katoen Natie denunciaba violaciones al tratado de protección de inversiones entre Bélgica-Luxemburgo y Uruguay ya que, a su entender, el Estado uruguayo favorecía la "existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable", en referencia a la gestionada por la empresa Montecon en los muelles públicos.

Además del acuerdo firmado en marzo, el gobierno emitió en abril dos decretos que establecieron la prioridad de Katoen Natie para atender la carga que llega al puerto, lo que perjudica a Montecon, competidora de la firma belga.

El Frente Amplio y Montecon encabezaron los cuestionamientos a estas decisiones, pero también se han pronunciado en contra otras compañías que operan en el puerto y el sindicato de trabajadores portuarios.

A su vez, el abogado constitucionalista Ruben Correa Freitas, expolítico colorado, indicó que el acuerdo es ilegal y que consagra un monopolio.

En la coalición oficialista el convenio genera dudas.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que el plazo acordado de la concesión a Katoen Natie “puede ser excesivo” y establece una situación "cuasi monopólica".

Además, Manini le presentó al presidente Luis Lacalle Pou una propuesta para la concesión del área de terminales especializadas del Puerto de Montevideo.

En tanto, el Partido Colorado apoyó en términos generales el acuerdo entre el gobierno y la firma belga, pero consideró necesario complementar el marco legal vigente y adaptarlo a las condiciones actuales de esa concesión.

En consecuencia, los colorados anunciaron que promoverán una nueva ley de Puertos para regular esta actividad como servicio público.

Foto: RMC.