
Efectivos de esa zona del país realizaron una investigación en base a varias denuncias presentadas por comerciantes del rubro metalúrgica de ese departamento, por delitos de estafa.
Los autores se comunicaban telefónicamente con los titulares de pequeñas y medianas empresas, haciéndose pasar por Inspectores de Bromatología Municipal o funcionarios de Bomberos, solicitando dinero para facilitar los trámites o regularizar los mismos y el mismo debía ser enviado a una persona, a través de redes de cobranza.
Por su parte, la búsqueda reveló a uno de los autores, de iniciales C.D.S., quien fue detenido por la Policía de Rocha y conducido a Tacuarembó.
En el lugar, el mismo confesó haber retirado giros de dinero en redes de cobranza por aviso de dos personas (ideólogos de la maniobra) Eduardo Federico García Jara, y Eduardo Otero Granja, ambos poseedores de antecedentes penales.
Estos últimos se encontraban -al momento de la investigación- cumpliendo condena en la Unidad Nro. 3 del INR.
En este caso se realizó una investigación sobre ellos donde saltaron a la luz otras personas involucradas, que se encargaban de levantar los giros.
La Policía comprobó la comisión de más de 70 estafas por un valor aproximado al millón de pesos, en 14 departamentos (Tacuarembó, Treinta y Tres, Colonia, Canelones, Salto, San José, Rocha, Florida, Flores, Rio Negro, Montevideo, Soriano, Durazno y Maldonado).
La Jueza Letrada de 5to. Turno dispuso la formalización de audiencia de Germán Eduardo Otero Granja, de 40 años, poseedor de antecedentes penales, por la presunta comisión de un delito de estafa.
A su vez, condenó por un delito continuado de estafa a Eduardo Federico García Jara de 28 años, a la pena de 18 meses de prisión efectiva, al tiempo que, por un delito continuado de estafa, condenó a C.D.S. de 28 años, A.L.P.S. de 37 años y R.E.R.O. de 20 años, todos domiciliados en la ciudad de Chuy, a la pena de 6 meses de arresto domiciliario nocturno.
Además, a otras 4 personas se le suspendió el proceso en forma condicional y que quedaron emplazadas al tiempo que se les impuso medidas de presentarse en la seccional de su domicilio por 6 meses. A una de ellas, de iniciales T.P.S.E., se le impuso arresto domiciliario.
En total, esta operación tuvo como resultado la formalización de una persona, 4 suspensiones condicionales del proceso y 4 condenados, totalizando la judicialización de 9 personas por delitos de estafa.
Foto: Unicom




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