
Mediante ese punto, el gobierno nacional pretende descontar -de las partidas asignadas a las intendencias por el artículo 214 de la Constitución de la República- los gastos que deba realizar para el desalojo y la reubicación de asentamientos irregulares, si se comprueba “omisión" de las comunas en sus funciones de "policía edilicia”.
Esto se debe a que, de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial, los gobiernos departamentales tienen la responsabilidad de evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares.
La propuesta no fue bien recibida entre los intendentes.
Consultado por el diario El País, el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, dijo que no están de acuerdo con el tema y que lo van a plantear en una reunión que tendrán mañana jueves con el presidente Luis Lacalle Pou.
Según Vidalín, se trata de "un grave error del gobierno" porque ese artículo es "inconstitucional”.
Consultada al respecto este miércoles, Moreira dijo que "hay muchas intendencias que no están cumpliendo con ese rol" de policía edilicia o lo están haciendo "de forma tardía".
Con respecto a los cuestionamientos de los intendentes, la jerarca confió en que el tema será resuelto durante el debate parlamentario del proyecto.
Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas
Foto: Presidencia de la República, archivo.




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