
Dentro del operativo denominado “Panizza”, “unas 64 viviendas irregulares fueron relevadas y censadas arrojando un total de 176 personas ocupando las mismas.”
Según el jefe Operacional 2 a cargo del procedimiento Alfredo Rodríguez, la mayoría de las casas están construidas en los espacios públicos.
Los efectivos policiales lograron incautar dos kilos de marihuana y un poco más de 100 gramos de cocaína, dijo Rodríguez, quien calificó como un éxito el operativo de esta mañana y agregó que los mismos continuarán.
El importante despliegue policial se desarrolló desde las primeras horas de la mañana en La Cruz de Carrasco, donde se registró la usurpación de varias viviendas. El operativo de seguridad (Operativo "Panizza") implicó allanamientos de viviendas y un censo de habitantes y fincas ilegalmente edificadas en áreas públicas, explicó el Ministerio del Interior.
El perímetro donde se desarrolló el mismo fue en Camino Carrasco, Camino Oncativo, Agazzi y Monzoni; allí viven 1950 personas.
En esa zona, hay dos Complejos Habitacionales (CH N°50 y CH N°56), que tenían en su origen un total de 256 viviendas que fueron construidas por el Instituto Nacional de Vivienda (INVE) y habitadas en cuatro etapas entre los años 1975 y 1978.
Esas viviendas adjudicadas nunca fueron escrituradas en forma definitiva siendo la titularidad de los padrones del Banco Hipotecario del Uruguay.
En términos urbanísticos se destaca un bloqueo casi total de las vías de ingreso hacia el interior de las viviendas de los Complejos que sólo son accesibles a pie a través de estrechos pasajes.
El avance de construcciones irregulares sobre los pasajes y espacios libres, fue sumando y superponiendo locaciones a las estructuras originales de ambos complejos, con lo cual consolidaron un enclave urbano inaccesible para cualquier vehículo.
A su vez, la irregularidad de la propiedad generó un escenario favorable para la instalación de servicios públicos de luz y agua, al pago de impuestos y a la legalización de los procesos de compra y venta de viviendas.
Hace dos meses el Ministerio del Interior y la Policía Nacional iniciaron una exhaustiva investigación sobre la actividad delictiva de un grupo criminal vinculado al narcotráfico.
El mismo estaba estructurado en torno a una familia que comenzó a ejercer una fuerte influencia y presión sobre los vecinos, a través de extorsiones y desalojos forzosos de viviendas con el propósito de alquilarlas, venderlas y/o utilizarlas para instalar lugares de venta de drogas y tráfico de armas.
Este clan familiar y personas allegadas al mismo, ejercieron una inusitada violencia hacia las personas del lugar.
Un total de 19 allanamientos de viviendas fueron ordenados por la Fiscalía de Estupefacientes a cargo de la Dra. Mónica Ferrero y la Fiscalía de Homicidios a cargo de Juan Gómez.
En simultáneo, se realiza un Censo en tres sectores específicos de la zona en una franja de 300 metros de largo encima de una calle pública y del colector “Panizza” del saneamiento urbano lo que impide su mantenimiento.
La Intendencia denunció la situación y solicitó al Ministerio del Interior la realización de un relevamiento que permita identificar a las personas que se encuentran usurpando el área a los efectos de accionar los mecanismos de desalojo y demolición correspondientes.
Por otro lado, y a solicitud de la Fiscalía y el Banco Hipotecario se realiza un censo de habitantes en las instalaciones de un edificio originalmente destinado a Guardería y un Salón Comunal del Complejo CH50 que fueron ocupados.
A su vez, equipos técnicos de UTE y OSE realizaron inspecciones en todas las viviendas allanadas y también en la totalidad de las viviendas censadas en las tres áreas, consigna el Ministerio.
Foto: Unicom




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